En un frente los problemas, variados y disímiles. Del otro deberían estar las políticas públicas. Pero no es así. Falta un camino por recorrer para curar debidamente las heridas sociales.
- Por María Gimena Funes, Subdirectora General de Dispositivos Comunitarios para Adolescentes del Ministerio de Desarrollo Social de La Pampa, Argentina, y Especialista en Mediación familiar, penal, educativa y comunitaria.
Las más variadas fuentes destacaron la magnitud y la profundidad de los problemas que estremecen a América Latina y el Caribe en el campo social, y los riesgos que suponen para la democracia. El aumento de la pobreza y su impacto subjetivo, el desempleo y la informalidad del trabajo, las carencias en materia de salud pública, los problemas de la educación, los nuevos pobres, la erosión de la familia, el aumento de la criminalidad, la noción de inseguridad jurídica y el crecimiento del círculo perverso de la exclusión y la violencia son solo algunos de los problemas sociales claves de gran impacto en la región.
Todo ello no solo repercute negativamente en las condiciones concretas de existencia, sino que aumenta de un modo neurálgico los niveles de conflictividad. De modo que afecta la convivencia social al dañar los vínculos y los lazos de solidaridad, al atentar contra toda posibilidad de encuentro entre los habitantes de cualquier comunidad. La solución de estos problemas no admite demoras. Urge dar el salto a una visión integrada del desarrollo que logre un tipo de equilibrio diferente entre las políticas económicas y sociales y, ante todo, que reconozca el papel imprescindible de estas últimas en la obtención de un desarrollo que tenga bases realmente sostenibles y apuntale al buen vivir.
Están en juego problemas, no solo de recursos, sino también de prioridades, de grados de equidad, accesibilidad y de organización social. El enfrentamiento de la pobreza y la desigualdad en la región requiere una revisión profunda de las consecuencias sociales de las políticas económicas, del crucial tema de la inequidad latinoamericana –la mayor del mundo–, y del papel de políticas sociales que atañan a la participación ciudadana. También se requiere una revalorización del papel de las políticas públicas existentes y aquellas que deben aun implementarse. Se argumenta con frecuencia que todo es un tema de recursos económicos, que al faltar estos no es posible obtener resultados muy distintos de los actuales y que mientras no haya mayores recursos la situación no podrá variar.
Por supuesto que es importante contar con más recursos económicos y que deben hacerse todos los esfuerzos para mejorar el crecimiento, la productividad y la competitividad de la economía; pero el tema no parece reducirse a ello. La promoción de la convivencia social pacífica y el desarrollo de valores tales como el perdón, el respeto, la aceptación de la diversidad, la tolerancia, el aprendizaje de habilidades que permitan resolver constructivamente los conflictos deben ser dos de las principales apuestas de los estados para atacar esta problemática de un modo integral.
Los RAD como complemento de la vía judicial
La Resolución Alternativa de Disputas (RAD) ocupó en las últimas décadas, un lugar relevante en la reforma y modernización del sector justicia. Se ha sostenido que es obligación de un Estado democrático y moderno, preocupado por el bienestar social, proveer a la sociedad de un servicio de justicia heterogéneo. Ello significa que el deber que tiene el Estado de tutelar los derechos amenazados de sus ciudadanos no se satisface con la organización de un Poder Judicial eficiente, probo, transparente, sino que exige que se ofrezca y apoyen otras formas de solución de conflictos que pueden resultar –de acuerdo con la naturaleza del conflicto– más efectivos y menos costosos en términos económicos, rápidos en relación con el tiempo empleado en su solución, convenientes en cuanto pueden impedir la recurrencia del conflicto y socialmente más valiosos, porque posibilitan y mejoran la relación futura de las partes.
Desde esta perspectiva, un fuerte movimiento RAD se evidencia en los países de América Latina. En algunos casos, dictando normas y regulando algunos procedimientos y en otros, con algunos desarrollos relevantes existentes, aunque aún sin haber incorporado la RAD normativamente: por ejemplo, Colombia como el primer país que encaró la crisis judicial propiciando la conciliación como solución a la demora y sobrecarga de los tribunales; o Argentina, donde el movimiento RAD comenzó a gestarse a fines de 1990 y cobró un ritmo vertiginoso, pues no sólo se desarrolló el Plan Nacional de Mediación, sino que se dictaron leyes que regulan la mediación prejudicial obligatoria en procesos civiles y comerciales, se estableció el Servicio de Conciliación Laboral, se remozaron los reglamentos institucionales de arbitraje que modernizan este proceso frente a las ya antiguas formas incluidas en el Código Procesal Civil y Comercial, y se institucionalizó el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, así como la mediación comunitaria y escolar se encuentra en pleno desarrollo.
Evidentemente, la participación ciudadana en los procesos de solución de conflictos en Latinoamérica se incrementó gracias a la apertura que el sistema judicial y de procuración de justicia realizaron a través de los RAD, convirtiéndose estos en los verdaderos protagonistas del cambio, de la modernización y la internacionalización de la justicia. Esta fórmula –sociedad y RAD– ha logrado transformar en poco tiempo un sistema adversarial y rígido en un sistema que intenta vislumbrarse como promotor de paz. El desafío es que evolucionen todavía más rápidamente y se expandan a otras esferas, para lograr así que cambien las personas, cambien los sistemas y se genere una cultura que radicalmente privilegie la negociación versus la confrontación.
Alivio del mal social
La evaluación de la aplicación de estas políticas públicas nos dice que aún no se han alcanzado los objetivos propuestos en cada país. Está claro que debemos continuar esta política de implantación de RAD, pero también resulta evidente que lo transitado no ha sido totalmente justo, equitativo o suficiente. El diagnóstico actual nos muestra países cuya tasa de conflictividad sigue siendo alta y con una elevada dosis de violencia, que cruza transversalmente en su conjunto a las instituciones socializadoras: la familia, la escuela y la comunidad. Especialmente, se está ante la cruda realidad de que las relaciones familiares se tornan día se tornan más agresivas y que esta institución –la familia– no puede cumplir con su rol fundamental.
La aplicación de criterios e instancias de evaluación en cada uno de los países latinoamericanos es una actividad que ha devenido extremadamente necesaria pues ha permitido valorar el desempeño de la acción pública, sea en la forma de un programa, proyecto, ley, política sectorial, que cada una de estos estados ha adoptado. En general, el resultado es similar: la búsqueda de la resolución de conflictos se amplió, pero siempre en su mayoría en los márgenes cercanos de un procedimiento judicial, en los bordes o rodeando la vía de la justicia formal. Y aunque ello es un enorme avance, la percepción ciudadana frente a la justicia continúa siendo de gran desconfianza e inaccesibilidad. No se cree en su imparcialidad, se la juzga como corrupta, como promotora de la impunidad y se la vivencia como algo que no está al alcance de todos, pues es costoso llegar a ella (material y simbólicamente).
Esta percepción negativa se justifica frente al excesivo formalismo, distancia y dilación de la administración de justicia que sigue perdurando en el sistema vigente. Al escaso desarrollo de la mediación en ámbito extrajudiciales, se añade la elevada litigiosidad en las partes y operadores, la ausencia de una verdadera cultura de diálogo y negociación colaborativa, tanto en la sociedad como en el sistema judicial, la percepción por parte de la ciudadanía de que la mediación es sólo una instancia más del proceso judicial, la creencia de muchos profesionales de que la mediación es un obstáculo burocrático a superar para la judicialización del caso y el escaso conocimiento de todos (ciudadanos, profesionales y funcionarios públicos) sobre la mediación realizada en otros espacios de la comunidad y las posibilidades que brinda.
De tal modo que resulta necesario profundizar en el diagnóstico para dar respuestas adecuadas. Es deber del Estado ofrecer distintas alternativas para que las personas solucionen sus conflictos. No existe un solo camino. De ahí la necesidad de múltiples salidas por fuera del radio tribunalicio, de manera que se tenga la oportunidad de elegir la más cercana y pertinente pero, sobre todo, adecuada a las necesidades de quien acude a buscar ayuda. La evaluación del proceso latinoamericano en materia de los RAD da la pauta de que hay que continuar trabajando para el diseño e implementación de más políticas públicas que tengan como objetivo la inclusión de una cultura de paz que se inserte en el actuar diario de los pueblos, con lo cual se pueda disminuir la confrontación entre los integrantes de la sociedad. La litigiosidad operante indica que en Latinoamérica debe trabajarse en el diseño de más políticas públicas orientadas a que la familia, la escuela y la comunidad cumplan con su función social y es a través de programas de mediación extrajudicial donde ello podría materializarse.
Fortalecer la política pública en mediación como cultura de paz, incluir la participación del Estado como parte en procesos de mediación e incrementar la participación de mediadores expertos en la planificación, diseño e implementación de programas de mediación para la comunidad deberían ser acciones incluidas en una nueva agenda, materializando así la necesidad de hacer efectiva por medio de esta metodología la convivencia armónica entre sus miembros, ya que es condición indispensable para que las instituciones socializadoras realicen eficazmente las tareas que socialmente tiene encomendadas. Y claramente, no es en la esfera tribunalicia donde ello acontezca. La mediación en la familia, la escuela, el barrio como proceso vivencial y de aprendizaje les enseñaría a sus protagonistas que los conflictos se pueden abordar respetando la dignidad y sin violentar los derechos de los demás, y poniendo en práctica cualidades positivas y habilidades sociocognitivas.
La mediación da cabida a la democratización de la familia, con lo cual se rompen patrones de conducta, estereotipos y concepciones jerárquicas y promueve que sus integrantes tomen conciencia de que los conflictos abordados a través del diálogo, la tolerancia, la deliberación y el consenso, producen condiciones objetivas para mantener relaciones armónicas, sanas y seguras.
Entendemos que la implantación de los RAD en el espacio de la justicia formal no es la única solución. También otros mecanismos (fundamentalmente la mediación comunitaria) deben estar al alcance de toda la sociedad latinoamericana como formas eficientes de resolver conflictos. Debemos romper con el paradigma de que justicia es igual a juez o que se realiza en ese ámbito de lo jurídico, y pasar de lo adversarial y la confrontación a formas participativas de gestión y transformación de los conflictos. La mediación se propone, de este modo, como una de las vías más propicias y sencillas de acceder a la justicia. Programas de políticas públicas para democratizar la práctica de la mediación en conflictos familiares, escolares, vecinales y, en consecuencia, la generalización de su práctica, su accesibilidad a todas las personas necesariamente nos conducirá a un cambio en la cultura dada la importancia de estas instituciones socializadoras.
En esos espacios es donde las personas deben aprender a convivir en concordia. Únicamente de esta manera se desprenderá el reconocimiento del estado de garantizar al pueblo latinoamericano la convivencia armónica de la sociedad, la confianza de la ciudadanía en las instituciones del estado, el respeto irrestricto a los derechos humanos y a los consagrados en la parte dogmática de sus constituciones, la libertad en democracia, el acceso efectivo a la justicia y a su condición igualitaria, dando lugar a nuevas y legítimas formas de expresión, participación y ejercicio de ciudadanía. Solo de ese modo la sociedad podrá comenzar a sanar su larga dolencia social. [T]