sábado, noviembre 26, 2022
REVISTA INTERNACIONAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, MEDIACIÓN, NEGOCIACIÓN Y DIÁLOGO
PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DEL INSTITUTO DE MEDIACIÓN DE MÉXICO

Democracia y participación, ¿fuerza legitimadora del poder?

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  • Por Katherine Torres Sánchez, Directora Ejecutiva de la Fundación Ciudadanía Integral para la Paz (CIPAZ) y autora del libro ¿Manteniendo la Democracia Maestro? De la Participación formal hacia la democracia profunda.

El tema de participación y democracia fue abordado ampliamente por diferentes autores y corrientes de pensamiento que presentan sus impresiones, visiones y conceptos, ya sea de manera crítica, analítica o justificable. Desde el ámbito disciplinar este tema ha sido más estudiado en el campo de la sociología, filosofía y, por supuesto, de la teoría política y constitucional.

Vale la pena profundizar en los conceptos de democracia y participación para dar mayor lucidez a las premisas planteadas a lo largo de este capítulo, comenzando con una aproximación conceptual planteada por Héctor Dominguez, quien citando a Habermas, define la democracia como un principio racional de legitimación que tiene diversos tipos específicos de organización, en que la fuerza legitimadora cobra relevancia en la medida en que este principio sea vinculado con una dimensión normativa, es decir que se establecen razones para aceptar el ejercicio del poder tanto del Estado como del soberano popular, que permiten su consentimiento, pero que requiere que este principio racional, sea cual fuere, se materialice en normas que lo hagan efectivo. Equivalentemente, la democracia va a fortalecerse en la medida en que estos tipos específicos de organización funcionen para el cumplimiento de este fin: la legitimación del poder.

Desde una interpretación axiológica, la democracia se define jurisprudencialmente en el sentido de “establecer la fundamentación del poder político ejercido por los diferentes órganos (la democracia como fuente de legitimidad), para reconocer y tutelar los derechos de participación de los individuos y la sociedad en la conformación y control del poder político e imponer deberes de respeto y protección al Estado y a los particulares (la democracia como fundamento de derechos y obligaciones) y para definir la forma en que tal poder opera democráticamente y los ámbitos en los que su aplicación puede exigirse (la democracia como expresión de reglas de funcionamiento y toma de decisiones).

Para hacer más simple la reflexión, quiero detenerme un poco para dar un ejemplo que permita vislumbrar de forma sencilla y sin tanta rimbombancia la democracia como fuerza legitimadora. Para ello quiero retomar el capítulo X del libro El Principito, para quienes lo han leído, recordarán especialmente cuando se encuentra con un rey que tenía toda la institucionalidad, pero no tenía a quien aplicársela. Era una institucionalidad que se revestía de majestuosidad, tronos y formalidades muy parecidas a lo que son los reglamentos y las leyes, opulencia que tienen nuestras instituciones y poderes públicos, especialmente el poder del ejecutivo y legislativo, que hacen percibir su autoridad sobre los demás, que reencarnan cierto temor reverencial, para permitir una aceptación del poder del Estado y su gobierno.

Es así que la legitimidad como narrativa al imaginario colectivo es aplicada al pueblo para que sea aceptada desde la creencia que es así y no de otra manera, pues sale menos costoso que imponer la fuerza desde la violencia y con el uso de grandes ejércitos que hay que financiar. Los estados inventaron esa forma de imponer que su autoridad sea respetada, pero como dice el rey, bajo medidas razonables que permitan dar una explicación a la pregunta de ¿por qué unos mandan y otros obedecen?

La respuesta fue que los que obedecían también tenían algo de poder cuando controlaran y observaran la forma adecuada de ser gobernados, y es allí donde aparece la democracia. ¿Qué pasaría si solo hubiese instituciones y estados para gobernar, pero no se hicieran partícipes las personas para ser gobernadas? hoy por hoy el Estado tiene una gran responsabilidad de volver al origen del pacto o del contrato social para, en primer lugar, reconocer que tanto el poder como la autoridad son compartidos entre las instituciones del Estado con la sociedad y las ciudadanías, y que finalmente la razón de ser del Estado es precisamente, de quien depende su legitimidad: la sociedad y las ciudadanías, tanto rurales como urbanas. [T]

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