viernes, septiembre 24, 2021
REVISTA INTERNACIONAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, MEDIACIÓN, NEGOCIACIÓN Y DIÁLOGO
PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DEL INSTITUTO DE MEDIACIÓN DE MÉXICO

Gestión de conflictos en el sector público peruano

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En América Latina se presentó una experiencia inédita. Lo que debiera ser la regla, contar con un equipo experto en la gestión de conflictos, es la excepción. Aquí se comparten una serie de claves relevantes para encarar una gestión profesional de los conflictos. El ejemplo lo representa el Perú.

  • Por GISELLE HUAMANI OBER, socióloga y mediadora, se desempeñó como Secretaria General de la Secretaria de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, durante el gobierno de Transición y Emergencia liderado por el Presidente Francisco Sagasti.

En los últimos 15 años se pudo desarrollar una institucionalidad para tratar los conflictos sociales en el Perú, que permitió avanzar en la sistematización de información de los casos de conflictividad, en la estandarización de la gestión de los conflictos desde el sector público, y en la producción de aprendizajes como recomendaciones para la resolución de los casos.

Producto de todo ello, se logró analizar la casuística de conflictos sociales en el país y entender los patrones en la gestión pública del conflicto, lo cual condujo a la reflexión sobre la tipología más adecuada para la gestión de los conflictos. Hay que señalar que existe una variedad de tipologías de conflictos que están relacionadas a su utilidad, pero también a las competencias de los actores o las instituciones.

En muchos casos se usa una tipología a partir de las etapas e intensidad en el proceso del conflicto: conflicto latente, en escalamiento, conflicto en crisis, conflicto en post crisis, conflicto resuelto y otros. Todo esto resulta bastante útil para determinar la especialización que debe tener el equipo que gestiona los conflictos. Por ejemplo, en una situación de crisis, es conveniente la atención que pueda dar un equipo entrenado para manejar situaciones de mucho riesgo, a fin de que pueda responder con sensibilidad a la psicología humana durante esos momentos de mucha incertidumbre y presión. También encontramos conflictos clasificados por la diversidad de actores involucrados en el caso: conflicto entre posesionarios, intracomunitario, entre empresa y comunidad, entre la junta de usuarios del agua y nuevos usuarios, entre la comunidad y el Estado.

Este tipo de clasificación nos permite identificar las problemáticas que se presentan con determinados actores, para asistirlos en sus procesos de solución de conflictos, pero además abre oportunidades para el desarrollo de capacidades, el fortalecimiento de las relaciones entre los actores, la creación de redes y alianzas. La tipología que clasifica los conflictos por la materia en disputa: conflictos mineros, hidrocarburos, hídricos, socioambientales, permite identificar las problemáticas específicas y hacer comparaciones sobre las dinámicas propias en cada sector, los temas que generan mayor conflictividad, la priorización de la atención de los procesos, y hasta de la necesidad de políticas públicas específicas. Sin embargo, en el espacio público, encontramos que es apropiado identificar escenarios de conflictividad que combinan la materia en disputa con los roles que asume el Estado en los casos, y, por tanto, demandan del Estado la adopción de ciertos procedimientos, protocolos y articulación con otras entidades y actores sociales.

Escenarios de conflictividad

Un primer escenario de conflictividad lo encontramos en situaciones donde se despliegan las demandas socioeconómicas de los actores, y que tienen disputas, reclamos, y necesidades puntuales. Pueden darse en la esfera pública –entre un privado y una institución pública– como en la esfera privada –entre dos o más actores de la sociedad civil o privados–. Por ejemplo, cuando los actores reclaman mejores condiciones laborales, están en desacuerdo con la gestión de un administrador, piden acceso a una vivienda digna. Aquí la institucionalidad para la gestión de conflictos despliega roles para monitorear, acompañar y brindar asistencia técnica, y de mucha coordinación con otras entidades del Estado para que atiendan, den información, orienten a los actores hacia una solución. La negociación bilateral es el proceso más frecuente en este escenario que puede ser utilizado para buscar soluciones a las demandas. El proceso de diálogo sirve para acercar a las partes, generar confianza, y opera como preámbulo al proceso de negociación.

Un segundo escenario de conflictividad proviene de aquellas situaciones en que las comunidades, los grupos humanos o actores sociales, y grandes/medianas empresas están definiendo o disputando el tipo de relación que van a establecer entre ellos. Los conflictos en este escenario se dan entre actores privados en su convivencia diaria en torno a proyectos, actividades de producción, y que tienen problemas y conflictos por temas de convenios marco, condiciones laborales, condiciones comerciales, proyectos de desarrollo, beneficios compartidos, entre otros.

“La institucionalidad pública para la gestión de conflictos despliega roles que pueden intervenir como intermediario, garante, generador de condiciones, a fin de que los actores retomen la vía del diálogo y encuentren puntos de consenso”

Los casos típicos de este segundo escenario lo constituyen contextos donde se desarrollan proyectos mineros, petroleros y agroindustriales. En muchas ocasiones, los actores privados piden la colaboración del sector público para que los acompañen el proceso de negociación bilateral o de diálogo que realizan los privados. En otros casos, el sector público se involucra en este tipo de escenarios cuando la disputa entre los actores escala a tal nivel que impactan la gobernanza y el orden público en la localidad en donde conviven dichos actores. En ese sentido, la institucionalidad pública para la gestión de conflictos despliega roles que pueden intervenir como intermediario, garante, generador de condiciones, a fin de que los actores retomen la vía del diálogo y encuentren puntos de consenso. Sin embargo, un rol clave para el Estado (en este segundo escenario) está en incorporar y promover los principios rectores de los derechos humanos en los proyectos de inversión, a fin de que las empresas desarrollen prácticas, protocolos y mecanismos que prevean y manejen adecuadamente la ocurrencia de problemáticas y resuelvan los conflictos.

Los procesos de negociación entre las partes buscan acordar las condiciones en las que van a interactuar o convivir los actores, sean comunidades o empresas. Sin embargo, hay varias situaciones importantes de resaltar, en el que se da un rechazo total a la posibilidad de convivencia entre comunidades, grupos humanos, actores sociales y empresas. La insistencia por parte de la empresa o el sector público de que se acepte dicha convivencia ha llevado al escalamiento del conflicto a niveles altos de polarización que caracterizó a varios casos emblemáticos.

Un tercer escenario de conflictividad lo constituye aquellas situaciones y contextos con impactos socioambientales significativos en la población a partir de diferentes actividades industriales, pesqueras, mineras, hidrocarburíferas. Los conflictos en este escenario son muy complejos porque hay impactos en la vida y la salud de las personas, el equilibrio del medio ambiente, la calidad o cantidad del agua o la fauna local. Este tipo de conflictos sobrepasa la esfera privada, y afecta el interés y el bienestar público. Por ejemplo, procesos que buscan solucionar este tipo de conflictividad, requieren establecer la dimensión de la problemática socioambiental, identificar las causas y los factores del problema, los impactos sociales y ambientales, desarrollar planes de intervención para proteger o cuidar a la población en riesgo, pero también para recuperar el espacio ambiental afectado, sus distintos elementos y el equilibrio del ecosistema.

Como ocurre en muchos países, se arrastran pasivos ambientales además de tener los impactos de muchas actividades, que no cumplen con los estándares y las exigencias ambientales. En estos casos, se necesita desplegar un mayor esfuerzo de coordinación entre los sectores públicos, investigar problemáticas técnicamente complejas, y facilitar procesos que son difíciles debido a la acumulación de hechos y deterioro de las condiciones de vida de los actores locales afectados por las problemáticas ambientales. Los procesos en este tercer escenario requieren de una rigurosidad técnica, pero a la vez, de transparencia y participación de los actores a fin de dar legitimidad y credibilidad al proceso.  

Un cuarto escenario de conflictividad lo encontramos en aquellas situaciones donde se ubican las disputas por la demarcación, delimitación y ordenamiento territorial. Los actores se disputan límites territoriales o tienen aspiraciones para sentar sus límites político administrativos, y así poder asegurar, conservar o acceder a recursos, programas sociales, proyectos de desarrollo, etc. Este escenario de conflictividad puede tener un procedimiento específico para la constitución de las unidades política administrativa en las que el sector público cumple un rol conduciendo procesos administrativos, y que pueden incluir el diálogo, el arbitraje, la investigación imparcial. Pero son conflictos que tienen un alcance territorial, en el que están en juego identidades, sentidos de pertenencia, y significados culturales vinculados fuertemente a los espacios en disputa. Es por ello, que los procesos administrativos pueden complementarse con otros procesos que permitan promover nuevas relaciones de coexistencia, tolerancia, convivencia, y colaboración entre los actores.  

Un quinto escenario de conflictividad lo constituye las situaciones en las que los actores locales reclaman y piden acceso a vivienda, carreteras, centros educativos, puestos de salud, sistemas de agua, electricidad. lo cual está relacionado con la gestión de los recursos públicos. El Estado en sus diferentes niveles tiene competencias y roles específicos para planificar la inversión pública y para responder a las necesidades de la población de acuerdo a los diferentes instrumentos de planificación que existen en el país. Algunos de estos proyectos surgen en el marco de las mesas de diálogo, la negociación entre la población y el Estado, y, otros surgen a partir de las aspiraciones y las demandas de los ciudadanos a través de sus representantes para ser incluidos en el desarrollo del país. La institucionalidad pública para la gestión del diálogo puede contribuir a la prevención del conflicto cuando a través de procesos participativos y colaborativos se canalizan las necesidades y demandas de la población. Cuando estas surgen de manera irremediable, se puede dar seguimiento a los compromisos asumidos por los diferentes sectores públicos a través de la facilitación de los procesos con los actores, articulando entre los sectores de gobierno, y los gobiernos del nivel regional y local, haciendo el monitoreo y la sistematización de los avances, intermediando e interponiendo los buenos oficios para agilizar procesos. Los distintos procesos de planificación pueden ser facilitados desde un enfoque colaborativo a fin de potenciar la inversión pública.

Un sexto escenario de conflictividad está relacionado con actividades informales e ilegales. El Estado en su función de fiscalizar y monitorear la legalidad de las acciones y las intervenciones de los ciudadanos y velar por el orden público, puede cumplir con el rol de coordinar con las instituciones competentes para que en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y de sanción, contribuyan también con la paz social desde un sentido de proporcionalidad y de respeto a los derechos humanos.      

Es importante identificar claramente el escenario de conflictividad que se le presenta al funcionario público encargado de la gestión de conflictos, a fin de entender los roles que puede desempeñar y los límites a los que se enfrenta. La facilitación de los procesos de diálogo, desde un enfoque de transformación del conflicto, siempre puede complementar y o ayudar a resaltar los roles y las funciones que un funcionario público puede desempeñar en su función de ser un verdadero y humilde servidor público. [T]

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