Colombia vive encima de una ola de protestas agitadas por los más diversos motivos ante un sistema político sordo, ciego pero parlante y represivo.
• Por Katherine Torres Sánchez
Máster en Derecho Público, Directora Ejecutiva de la Fundación Ciudadanía Integral para la Paz (CIPAZ) y Miembro del roster de expertos de MICI para Colombia.
Colombia, el país latinoamericano que cumple casi cien años de historias de guerras, con más de 13 intentos de negociaciones y procesos de paz, que ante los ojos del mundo y la comunidad internacional logró llegar a la paz, luego de un conflicto armado de casi 70 años del último ciclo, mediante el acuerdo final suscrito entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la desintegrada guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Ejército del Pueblo, FARC-EP–, celebrado en la ciudad de Cartagena el 26 de septiembre de 2016 y refrendado luego de perder el plebiscito, en Bogotá el 24 de noviembre del 2016.
Sin embargo, esta imagen de un país en paz, no coincidió con el camino de transición esperado, pues persisten tópicos que se convirtieron en los más grandes desafíos para superar un conflicto armado tan prolongado, que permitiese aumentar la confianza y la legitimidad necesaria para disminuir el descontento social, desatando sendas movilizaciones y protestas por parte de la ciudadanía, cada vez más consciente de la realidad del país. En parte, debido a este último proceso de paz que tuvo una duración de más de cinco años de negociación y que fue ampliamente difundido en los medios.
Dichos tópicos hacen referencia a intereses que siguen en juego entre las fuerzas políticas y económicas que detentan el poder. El primero de ellos tiene que ver con el sector denominado como spoilers (saboteadores) del proceso de paz, representados por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, reconocido por registrar uno de los mayores índices de violaciones de derechos humanos en sus dos mandatos y en el que pesa un gran manto de duda sobre su liderazgo en la reactivación de los grupos paramilitares y sus nexos como los de su familia con las mafias y el negocio del narcotráfico.
Quien, a su vez, logró posicionar al actual presidente Iván Duque, destacado por haber dirigido el grupo de oposición contra el acuerdo de paz, aplicando una campaña de miedo, distorsión y desprestigio contra el proceso de negociación, en cabeza del partido político de Uribe (Centro Democrático) y quien hoy ha impartido una política de retroceso, bloqueo y entrampamiento en la implementación de los acuerdos de paz. Este último, con indicios de coordinación con la DEA y la Fiscalía General de la Nación.
Otro factor tiene que ver con una tendencia de negociación efectuada por los gobiernos de turno, que fraccionaron los diálogos y los acuerdos de paz con los distintos actores armados, dejando por fuera en cada negociación un actor relevante, como pasó históricamente en algunos de los 13 intentos de paz, desde el año 85 hasta hoy, generando un nuevo ciclo de violencia con actores relegados o excluidos de la negociación.
En este caso se comenzó tardíamente las conversaciones y las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional-ELN, (guerrilla que nació por la misma época de las FARC-EP), por parte del gobierno de Santos y que finalmente fueron suspendidas por Duque. Lo que desató un nuevo ciclo de guerra en el país, debido también a ataques y acciones bélicas de esta insurgencia.
Un tercer elemento, es el aumento acelerado de violaciones de los derechos humanos, en las que volvieron las masacres (83 masacres en el 2020), desplazamientos, amenazas, particularmente contra líderes y lideresas, comunidades indígenas, afros y excombatientes o pactantes del acuerdo, como bien lo registra el informe de Derechos Humanos de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU.
Razones de las movilizaciones
Las mil y un razones que desataron las prolongadas acciones movilizadoras sin precedentes, comenzaron desde enero de 2019 como rechazo a la corrupción y la impunidad generalizada, y como gota que rebozó la copa, sucedió el último escándalo del Fiscal General Néstor Humberto Martínez, vinculado con la empresa petrolera Odebrecht. También por la oleada de asesinatos contra las y los líderes sociales, entre ellos indígenas, afrocolombian@s, defensor@s de derechos humanos, ambientalistas, líderes comunitarios, víctimas del conflicto armado y otros (según cifras de la Defensoría del Pueblo, 555 líderes y lideresas asesinad@s entre 2016 y 2019).
Sucesivamente, el 5 de noviembre se presenta una moción de censura por parte de algunos congresistas contra el Ministro de Defensa Guillermo Botero por haber ordenado un bombardeo en zona rural de San Vicente del Caguán-Caquetá, para supuestamente atacar a las disidencias, donde aparecieron asesinados ocho menores de edad y que fue calificada por el presidente Duque como una operación impecable.
“Se une a la indignación, el abandono estatal de las regiones más empobrecidas; el desfinanciamiento de la educación superior; la reactivación de la guerra; el aumento de una política macroeconómica extractivista; la imposición de reformas laborales contrarias a los jóvenes; la privatización de la única entidad estatal de pensiones (Colpensiones) y aumentar la tasa de cotización”
Se suma a toda la indignación, el abandono estatal de las regiones más empobrecidas del país, causando hambrunas en territorios como la Guajira y el Chocó, entre otros; el desfinanciamiento de la educación superior que desató el cierre por varios semestres de las universidades públicas por falta de presupuesto; la reactivación de la guerra; el aumento de una política macroeconómica extractivista que está acabando con ecosistemas, comunidades y empeorando el cambio climático; la imposición de reformas laborales coordinadas con los gremios económicos y el gobierno que proponían que los jóvenes ganaran el 75 por ciento del salario mínimo; otras reformas pensionales que pretendían privatizar la única entidad estatal de pensiones (Colpensiones) y aumentar la tasa de cotización. En fin, ajustes tributarios y económicos, que claramente estaban en detrimento de derechos, particularmente de los sectores empobrecidos y de la clase media.
Llevando así a la conformación de una gran coalición denominada Comité Nacional de Paro (CNP), constituida por sectores sociales, estudiantiles, indígenas, afros, campesinos y sindicales para impulsar un paro nacional y un sinnúmero de movilizaciones que configuraron un hito histórico al mantenerse por once días consecutivos y de forma intermitente hasta el 25 de marzo del 2020. Movilizaciones mayoritariamente pacíficas, que iniciaron en Bogotá y se expandieron por el territorio nacional, desde el 21 de noviembre de 2019, continuando el segundo día con un cacerolazo espontáneo, que comenzó por redes sociales, extendiéndose esa noche a varias regiones del país.
Un fenómeno novedoso fue la capacidad de convocatoria de las redes sociales hecha por jóvenes que superaron con creces las convocatorias clásicas de sectores sindicales y sociales, y comenzaron a forjar un gran movimiento de ciudadanía autoconvocada e independiente que expresaban su rechazo contra paradigmas de poder jerárquicos, autoritarios, rechazo contra los medios de comunicación oficiales y, particularmente, rechazo contra la fuerza pública, que bien se resume en uno de los slogan o consigna emblemática del paro: Hemos perdido tanto que hasta el miedo perdimos.
Muestra el descontento que genera una conciencia ciudadana con mayor claridad de los desequilibrios de poder, en parte por la disrupción de la tecnología que vino develando las prácticas ocultas del poder, produciendo a su vez una fatiga que se evidencia en la falta de confianza en el sistema político y la caída libre de la legitimidad en las instituciones y en el Gobierno, que hoy arroja los peores índices de popularidad de los últimos tiempos, en un país que pese a registrar un crecimiento económico, aumentó considerablemente en los últimos 40 años la inequidad en la distribución del ingreso, ocupando el segundo puesto del país más inequitativo de América Latina, que se agudiza con la poca cobertura de la tecnología en la población colombiana, la inaplicabilidad de una política de tributación progresiva, que consiste en cobrar más impuestos a quienes perciben mayores ingresos. En Colombia, sucede lo contrario, por ejemplo, con el impuesto sobre las ventas (IVA), grabado a la canasta familiar y artículos de primera necesidad, que por obvias razones afecta mayoritariamente a quienes tienen menores ingresos.
No obstante, la movilización terminó siendo un mecanismo insuficiente, pues muchas de las razones de protesta social siguen sin resolverse, sin que el gobierno nacional haya delineado una estrategia de concertación asertiva, para darle salida a la crisis y las oportunidades de diálogo y concertación con el CNP, pues la mayoría de los puntos del pliego no fueron abordados y no se le dio seguimiento para darles soluciones estructurales. Por el contrario, el malestar social fue contenido mediante la violencia de la fuerza pública, con abusos de autoridad, allanamientos, torturas, amenazas e intentos de desapariciones y detenciones arbitrarias, dejando saldos negativos en materia de violaciones a los derechos humanos y aplicando una estrategia de infiltración por parte de integrantes de organismos de seguridad del Estado en las movilizaciones, con la intención de exacerbar la violencia al interior de las mismas, para tener la justificación de intervenir con el aumento del pie de fuerza. Dicha estrategia que fue expuesta y denunciada en redes sociales, ante los órganos de control y la comunidad internacional, sumada a los desmanes de algunos sectores que desataron una indignación violenta en las protestas y la distorsión de los medios de comunicación, debilitaron en parte la legitimidad de la resistencia pacífica.
Con todo lo anterior, a raíz de la propagación del Covid-19, se desarticuló la movilización durante seis meses, debido a las medidas de aislamiento y distanciamiento, pero terminó acumulando otros detonantes que reactivaron la protesta social; en parte porque la cuarentena evidenció profundos déficits y fallas del sistema de salud y de desigualdad, así como la falta de cobertura tecnológica que dejaron sin estudio a millones de niños y niñas de educación pública; devastaciones económicas en empresas medianas y pequeñas y grandes afectaciones en la economía informal. Esto último, en cierta medida, debido a las altas tasas de desempleo que se adaptaron a la informalidad de la economía que sustenta al menos el 40 por ciento de la población colombiana.
De esta manera, terminaron por agudizar la impotencia y la frustración de la ciudadanía, quienes convocaron nuevas manifestaciones el 9 y 10 de septiembre de 2020, denunciando el autoritarismo y los abusos de poder con el título: Por la defensa de la vida, contra la brutalidad policial, la persecución y los asesinatos. Movilizaciones que terminaron en desmanes ocasionados por el asesinato de un estudiante de derecho en manos de la policía, arrojando como saldo más de 13 ciudadanos asesinados, al parecer por la fuerza pública, daños en casi todos los puestos de policías denominados CAI (Centros de Atención Inmediata) y también varias lesiones contra integrantes de la fuerza pública. Aun es materia de investigación la determinación de responsabilidad de quienes estarían detrás de los desmanes.
Colombia, la crisis perpetua
Este panorama tan crítico y desolador de Colombia, también se está viviendo en varios países del mundo. Cabe preguntarse: ¿Qué es lo que está impulsando toda esta sublevación social que como efecto dominó se está expandiendo de forma acelerada? ¿Cuáles son los fenómenos que están generando esta crisis mundial? Arroja a todas luces reflexiones de que algo no anda bien en el mundo y que entramos en una insondable crisis que pide cambios radicales y profundos en los diseños de sociedades, las formas de gobernar y ejercer poder que estuvieron por mucho tiempo creando un imaginario de seguridad, democracia y garantías de derechos que no coinciden con la realidad de la ciudadanía.
Indudablemente, el sistema económico vino haciendo mella en todas las esferas sociales, políticas y culturales de las sociedades del mundo, a raíz del aumento de acumulación de capitales, no solo para la era industrial y financiera, ahora reemplazada en parte por la era tecnológica, quienes irrumpieron con oligopolios en el manejo de grandes capitales que llegan a superar el PIB de países y estados. Se trata de una mutación del sistema capitalista que está generando mayor desigualdad, inequidad y crisis, favorable para quienes acumulan y desfavorable para quienes son despojados.
Hoy los estados no cumplen la función social de garantizar derechos y seguridad, sino de garantizar flexibilidad y seguridad jurídica para que las grandes empresas trasnacionales puedan aplicar políticas que les lleve a una mayor rentabilidad en detrimento de los derechos, y lo que es peor, en detrimento del planeta y la naturaleza.
El cambio climático, la crisis política, económica y social, son hechos fehacientes, pero también es evidente que la incertidumbre puede resignificarse como una hoja en blanco en donde nada está escrito y en la que podemos comenzar a reescribir un nuevo capítulo para la humanidad, o a lo mejor, un nuevo libro. Con nuevos paradigmas que emerjan de formas de pensar colaborativas, favorables a la conservación de la especie humana y la consagración de la vida; que creen relaciones justas, incluyentes y equitativas, con un nuevo sistema económico que tenga como pilar, un respeto profundo por la naturaleza y la interdependencia desde el poder del amor y no desde el amor al poder.
“Creen relaciones justas, incluyentes y equitativas, con un nuevo sistema económico que tenga como pilar, un respeto profundo por la naturaleza y la interdependencia desde el poder del amor y no desde el amor al poder”
Comenzar a cambiar el mundo interno, para que comience a reflejarse en el mundo externo, aceptando estas desafiantes realidades y las grandes oportunidades de cambio que traen consigo, para luego reconocer la instalación de patrones y sistemas de creencias que están en cada un@ de nosotr@s y que aún seguimos sosteniendo en lo individual y lo colectivo.
Se trata de asumir responsabilidad por el cambio, observando nuestras relaciones en cada esfera de nuestras vidas. Dejando atrás lo que está caducando y colapsando: la avaricia legal o ilegal, propugnada en la ideología del capital y del egoísmo, que pone en riesgo la pervivencia de la raza humana; superar los nacionalismos, las fronteras, los fanatismos religiosos, las ideologías sistémicas, que generan profunda polarización, desconfianza y, sobre todo, sentimientos de desesperanza al percibir un ilusorio callejón sin salida.
La salida a este laberinto está en cambiar de una visión egocéntrica y de competencia por una ecología y de limpieza mental, personal y social con grandes porciones de imaginación moral, como bien lo mencionaría John Paul Lederach. [T]
REFERENCIAS:
https://www.revistamisionjuridica.com/el-plebiscito-sobre-los-acuerdos-de-la-paz-en-colombia-la-legitima-busqueda-de-la-paz-en-un-contexto-politico-antagonico/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50503455
https://www.france24.com/es/20191227-protestas-globales-am%C3%A9rica-latina-como-espejo-del-mundo-1-2
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/fundacion-indepaz-revelo-que-las-masacres-han-pasado-de-25-en-2010-a-83-en-2020-3101251
El Presidente Álvaro Uribe Vélez, aplicó una política de profundización de la guerra en Colombia, mediante la llamada “Seguridad Democrática” (2002-2010), aumentando el pie de fuerza y las fuerzas para-estatales y dejando cifras de violaciones de derechos humanos, que además coincidió con el apoyo del gobierno de Estados Unidos mediante el denominado “Plan Colombia”.
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/opinion/columnistas/columnista-invitado/458203-el-entrampamiento-de-la-paz