viernes, noviembre 25, 2022
REVISTA INTERNACIONAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, MEDIACIÓN, NEGOCIACIÓN Y DIÁLOGO
PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DEL INSTITUTO DE MEDIACIÓN DE MÉXICO

Los estados latinoamericanos, inductores de sus conflictos

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La Defensoría del Pueblo del Perú publicó hace unas semanas (ver su portal) un Informe que revela el estado de las actas y los acuerdos que suscriben organizaciones sociales, Estado y empresas para poner fin a los conflictos sociales. Revelador resultado el Informe, y en grado superlativo. Es un buen espejo no solo para el Perú, sino para todos los países de la región. La investigación se basa principalmente en el análisis de una muestra de 4,258 acuerdos contenidos en 774 actas de 29 procesos de diálogo.

Un patrón estatal perverso de incumplimiento de los acuerdos. ¿Tenemos una cultura del conflicto en la región? Tal vez de manera reactiva. La falla está en otro lado: el Estado y su incompetencia para seguir la pista de sus acuerdos y darles fiel cumplimiento. Y ante el incumplimiento institucional, el conflicto social. Los daños colaterales son cuantiosos: se deslegitima el diálogo como mecanismo de solución de controversias, se deslegitima el gobierno, y como se trata de un patrón, se acaba por deslegitimar el Estado y la democracia.

Enojo y más enojo social. Los sectores sociales damnificados sufren por doble partida, con una ligera ilusión en medio. Sufren por un sinfín de vulnerabilidades y desatenciones estatales, firman un acuerdo y se ilusionan, para desilusionarse y volver al ruedo de todos los días: vulnerabilidades y desatenciones. Por tanto, el Estado es el inductor de sus propios conflictos. Nuestros estados respecto de la conflictividad no son parte de la solución, sino gran parte del problema.

Los políticos dañan el diálogo. La sociedad dialoga, si bien sale a la calle a protestar, lo hace con la esperanza de forzar un diálogo. La mesa se instala y se logran los acuerdos. Pero debido a la gestión gubernamental (capitaneada por políticos) los acuerdos se entrepapelan y acaban por convertirse en papel mojado. No para la sociedad que espera su fiel cumplimiento. De esta manera, políticos y gobiernos se disparan a sus propias piernas. ¿Por qué lo hacen? Y, sobre todo, una y otra vez. El Informe no da pistas al respecto, pero se pueden intuir, aunque sí aporta con una solución: supervisar el cumplimiento de los acuerdos por parte de la administración. ¿Será la solución o se generará un nuevo conflicto entre Defensoría y gobierno? [T]

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