• Por EDUARDO LEAÑO ROMÁN
Sociólogo y conflictólogo boliviano. Autor, entre otros libros, de Tierra de fuego. El conflicto autonómico en Bolivia.
Josep Redorta afirma con razón: «Aunque suele verse la pacificación como una solución del problema, la realidad es que si no se va a las raíces de éste siempre estamos resolviendo sobre las consecuencias» (2020: 105). Al parecer, en América Latina afrontamos de esta manera las controversias contenciosas, con frecuencia nos esforzamos más en comprender los manuales para resolver conflictos y menos en conocer las causas reales de la conflictividad. Esta forma de proceder resulta infecunda si ignoramos las raíces profundas.
Aquí intento develar una de las raíces de nuestra conflictividad, la conjetura que ensayamos es la siguiente: los latinoamericanos privilegiamos el quehacer político como espacio de movilidad social antes que la actividad económica.
La conflictividad, entendida como la presencia permanente y recurrente de una multiplicidad de conflictos (Rojas Ríos, 2015), se constituyó en el paisaje político de la región desde la tercera ola democrática, a veces en demanda de la ampliación de derechos y otras para exigir la reducción de injusticias sociales. Las protestas polifónicas se dirigieron contra de los modelos neoliberales, pero también en oposición a los proyectos nacional-populares. A pesar de las notables diferencias, ambos paradigmas de desarrollo preservaron inalterable la práctica política como patrón de movilidad social y, con ello, la constante vigencia de la conflictividad.
Es cierto, vivimos en una sociedad estratificada, donde los individuos y los grupos sociales están distribuidos en estratos superiores como inferiores, pero debe admitirse también que la estratificación social no es rígida, es más o menos flexible, implica cierta movilidad social. Lipset y Bendix definen la movilidad social como el proceso por el cual los individuos pasan de un estrato social a otro(1969), así los individuos pueden desplazarse socialmente hacia arriba o hacia abajo de la pirámide social. En América Latina este desplazamiento se lleva a cabo, predominantemente, por medio del quehacer político.
En el afán por ascender socialmente, los latinoamericanos desarrollan sus acciones y esfuerzos en el escenario político a fin de desplazar a quien está en el gobierno. Orientados por la lógica de la guerra, se empeñan en generar conflictos reales y ficticios, formulan demandas racionales e irracionales, apelan a medios legales e ilegales, se alían con amigos y enemigos, y finalmente, durante todo el proceso sostienen un discurso confuso e impreciso. Esta inagotable práctica política desemboca inevitablemente en conflictividad o conflictos intratables, los cuales implican conflictos prolongados, violentos, de difícil resolución, costosos, pluridimensionales, de suma cero y centrados en la agenda pública (Torrijos y Pérez, 2013).
A mediano plazo, el fatal desenlace de la conflictividad es la ingobernabilidad, la desinstitucionalización y el debilitamiento del gobierno y, a medida que se aproxima el nuevo proceso electoral, puede advertirse una excesiva cantidad de organizaciones políticas que pretenden acceder a cargos de gobierno y una mayor abundancia de dirigentes sociales, quienes lideraron conflictos intratables, convertidos en candidatos a cargos ejecutivos o legislativos en las elecciones nacionales, regionales o locales. Así, la conflictividad no solo parece constituirse en el principal proveedor de gobernantes y legisladores sino en la vía fundamental de movilidad social.
Luego del esforzado ascenso social conseguido a costa de arduos conflictos intratables, dos factores hacen que la movilidad social se escurra entre las manos antes de lo previsto: la nueva conflictividad impulsada por dirigentes excluidos o nuevos caudillos más radicales y las próximas elecciones a celebrarse en tiempo breve.
Privilegiar el escenario político como el espacio para ascender socialmente no solo engendra una perniciosa conflictividad permanente en las sociedades latinoamericanas, sino que las personas o grupos sociales involucrados obtienen una modesta movilidad social líquida de la cual serán removidos y, una vez que sucede esto, retornarán al lugar de origen sin ser nada ni nadie.
¿Qué hacer para limitar la conflictividad de raíz en América Latina? Debe cambiarse el patrón de movilidad social, debe efectuarse los esfuerzos necesarios para orientar la movilidad social hacia la actividad económica. Esta labor implica diseñar políticas de Estado que permitan crear oportunidades económicas para que la mayoría de las personas encaren emprendimientos que, sin duda, les permitirá no solo una prosperidad económica, sino una movilidad social estable y, al mismo tiempo, una disminución de la conflictividad. [T]
BIBLIOGRAFÍA:
Lipset, Seymour y Bendix Reinhar (1969). Movilidad social en la sociedad industrial. Buenos Aires, Editorial Universitaria.
Redorta, Josep (2020). Conflictos estructurales: Elementos para intervención en conflictos crónicos. Estudios de la Paz y el Conflicto Revista Latinoamericana, Volumen 1, Número 2, 2020. Honduras, Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Rojas Ríos, César (2015). Conflictividad en Bolivia (2000 – 2014) ¿Cómo revertir la normalización de la presión social? La Paz, FES.
Torrijos Rivera, Vicente y Pérez Carvajal, Andrés (2013). De los conflictos complejos: naturaleza, estructura y morfología de los conflictos intratables e imperecederos. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, vol. 8, núm. 2, julio-diciembre, 2013. Bogotá, Universidad Militar Nueva Granada.