• Por CARLOS ALBERTO SARTI CASTAÑEDA
Director de la Fundación PROPAZ de Guatemala y autor de Construcción de la Paz, Resolución de Conflictos y Fortalecimiento de la Esfera Pública y Nuevos Caminos para la Resolución de Conflictos.
“Todo lo que existe, prexiste, coexiste y se proyecta al futuro”.
Guatemala es un país con una conflictividad social profundamente arraigas en el modelo de desarrollo político y económico del país. Se trata de una conflictividad sistémica permanente, que se expresó a lo largo de la histórica por medio de movimientos sociales, políticos, identitarios y ciudadanos, de diversa profundidad y amplitud. Actualmente, Guatemala al igual que otros países latinoamericanos, entró en unas crisis políticas estratégicas de viabilidad histórica del modelo político y económico vigentes. Esta crisis se expresa en las esferas estatales, en los procesos electorales y, también, por medio del incremento de movilizaciones sociales y ciudadanas, discontinuas en el tiempo, pero articuladas por el descontento generalizado.
Los rasgos que destacaremos provienen del análisis de dos grandes jornadas de movilización ciudadana, una en 2015 y otra en 2020; esta última, a la hora de escribir esta columna, aún estaba en proceso de desarrollo. Las movilizaciones de 2015 tuvieron como detonante la descarada corrupción del Gobierno de Otto Pérez. Las movilizaciones derrocaron al Gobierno y el presidente, la vicepresidenta y otros funcionarios aún siguen en prisión. En aquel entonces, la Comisión Internacional contra la corrupción (CICIG) de las Naciones Unidas jugo un rol importante al debelar la trama y los mecanismos estatales de la corrupción. Como toda movilización ciudadana, la de 2015 se diluyó una vez conseguidos los objetivos propuestos.
La poscrisis de 2015 a 2020 se procesa como una recomposición de la tendencia neoliberal de gestión gubernamental (gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammatei). No hay cambios, la corrupción (en Guatemala se llama el “pacto de corruptos”) se fortaleció y controla el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Solo la Corte de Constitucionalidad está fuera de su control.
Las movilizaciones de 2020 tienen como trasfondo la lucha contra la corrupción, la violencia policial, la incapacidad del gobierno actual para gestionar conflictos y promover espacio de diálogo y el rechazo a la criminalización la protesta ciudadana. El detonante fue la aprobación por parte del Congreso del presupuesto 2021, acomodado a los intereses del “pacto de corruptos”. La protesta logra que el Congreso retirará el presupuesto inicial, pero las movilizaciones ciudadanas continúan: exigen la renuncia el presidente Giammatei y de los diputados corruptos. Un factor inédito es la confrontación abierta y pública entre el presidente y el vicepresidente (Guillermo Castillo sobre la gestión gubernamental).
A diferencia de movimiento sociales organizados, con planteamientos políticos, ideológicos, identitarios o étnico-culturales plenamente asumidos; las movilizaciones ciudadanas poseen una Identidad múltiple coyuntural. De tal manera, se movilizan diversos actores sociales: pobladores, urbanos, sector informal, trabajadores, empresarios, pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, LGTBI, amas de casa y otros. Coinciden demandas diversas desde distintos posicionamientos, pero articulados por la energía del movimiento y sus principales consignas y demandas. Predominan fuertes cargas emocionales y empatía coyuntural que hace que las identidades fuertes se diluyan y predomine el descontento. Hay ausencia protagónica de partidos y de sectores históricos organizados, aunque participaron.
Con todo, la fusión no es absoluta, pues entre ellos hay fondos clasistas e identidades fuertes que están presentes. Es precisamente la existencia de derivas clasistas, por más desdibujadas que estén, lo que impide que las coyunturas de convergencia multisectorial se mantengan en el mediano y largo plazo.
Rasgos principales
- La articulación de movilizaciones ciudadanas y crisis se constituye como una coyuntura de posibilidades abierta hacia diferentes futuros posibles.
- En su movimiento los ciudadanos generan crisis que condicionan que los de arriba ya no puedan gobernar como antes y los de abajo ya no se dejen gobernar como antes. En palabras de Cesar Rojas Ríos: “Inestabilidad abajo: las aguas sociales se encrespan y golpean iracundas los palacios presidenciales, sus eventuales ocupantes, sienten sus almas agitadas por cumbres borrascosas” (Democracias Callejeras, 2013) Las últimas dos movilizaciones ciudadanas en Guatemala generan una crisis estatal generalizada, pues afecta los tres poderes del estado, con diferente intensidad y profundidad en cada movilización.
- A pesar de su impronta coyuntural las movilizaciones ciudadanas se constituyen en una condensación de la historia. En efecto, aunque las movilizaciones son producto del descontento ciudadano coyuntural y espontáneo, no dejan de expresar procesos de acumulación de conflictividades y conflictos no resueltos. En nuestro caso, por la incapacidad del Estado y los grupos dominantes de asumir el programa de reformas que, hace 24 años, plantearon los Acuerdos de Paz. Las exigencias y las demandas de reformas planteadas en las movilizaciones de 2015 y 2020, estaban contempladas en los Acuerdos de Paz. Cada jornada de movilización ciudadana tuvo un detonante que la genera, impulsa y amplia; pero, rápidamente, el tema principal aglutina y articula otras demandas.
- Rol protagónico de los jóvenes en las movilizaciones. Se da una clara politización de los jóvenes. Después de las movilizaciones algunos se organizan como grupos políticos o se articulan con partidos que también surgen de las movilizaciones. Fue el caso del partido Semilla, que aglutinó a varios grupos juveniles, compitió en las elecciones de 2019 y actualmente tienen siete diputados que, junto con otros partidos de oposición, buscan frenar al “pacto de corruptos” en el Congreso.
- El predominio de la política en el devenir y desenlace de la crisis; en efecto, las relaciones intersectoriales y entre el conjunto de ellas y el Estado se tiñen de política. En la crisis no se discutía sobre el modelo de desarrollo, la pobreza y el racismo, sino sobre la renuncia de los mandatarios, la depuración de políticos corruptos, las reformas electorales, del sistema de partidos políticos y del sector justicia. En la cúspide de la movilización, la ciudadanía se constituye como un nuevo sujeto político, con posiciones convergentes y haciéndose co-responsable de su propio destino y del país.
- Las movilizaciones y las crisis que generan ponen en evidencia el accionar errático gubernamental y su condición de estado fallido, y fallando cada vez más: el Gobierno se torna reactivo y amurallado en torno a elites corruptas y cerradas. No tiene brújulas ni termómetros para comprender y mediar la protesta social. Por eso enfrenta la protesta social desde la teoría de conspiración y la represión.
- La emergencia de la pandemia del Covid-19, en tanto fenómeno totalizador que impacta las dinámicas globales y nacionales, incrementó el descontento y la movilización ciudadana.
- En las movilizaciones de 2015, se da una fuerte incidencia de la cooperación internacional, principalmente de la CICIG y la Embajada de Estados Unidosapoyando al Ministerio Publicoen la captura, el encarcelamiento y el seguimiento de los juicios de políticos corruptos. También alentado por las movilizaciones y promoviendo los procesos de reformas al sistema de justicia y al régimen electoral y de partidos políticos. En 2020 la presión internacional no fue tan evidente, salvo un llamado del “grupo de los 13”, que representa a las principales embajadas acreditadas en Guatemala.
- Como un rasgo nuevo en la historia política guatemalteca está el rol de las redes sociales en el desarrollo de la crisis. En efecto, la convocatoria a las manifestaciones ciudadanas y seguimiento del desarrollo de la crisis se realizó desde las redes sociales.
En síntesis, los logros parciales y temporales de las movilizaciones ciudadanas hacen que el Estado retroceda y trate de arreglar y restituir la dominación haciendo ciertas concesiones para recomponerla y desmovilizar a la ciudadanía. [T]