- Por Carlos Alberto Sarti Castañeda, Director de la Fundación PROPAZ de Guatemala y autor de Construcción de la Paz, Resolución de Conflictos y Fortalecimiento de la Esfera Pública y Nuevos Caminos para la Resolución de Conflictos.
En Guatemala, la visión que sustenta ideológica y políticamente la restricción de espacios cívicos de participación social es la vieja imagen, heredada del conflicto armado interno, de ver a la sociedad y a los diversos sectores sociales como el enemigo interno (1).
La reducción de espacios cívicos de participación ha sido una constante histórica a lo largo de su vida republicana de Guatemala. Sin embargo, también es una constante la resistencia social a los gobiernos autoritarios y antidemocráticos. Cabe mencionar que los Acuerdos de Paz (1996) son una propuesta integral para la gobernabilidad democrática, la prevalencia de los derechos humanos y un Estado de derecho democrático e intercultural. Sin embargo, los Acuerdos no fueron cumplidos en su integralidad y, por lo tanto, desde hace 25 años, la espiral de control social, exclusión, racismo y corrupción se fue incrementando hasta llegar a los niveles actuales. Al respecto, el gobierno actual, disolvió las instancias gubernamentales de resolución de conflictos y construcción de paz.
En 2015, ante la denuncia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sobre las descaradas formas y acciones de corrupción gubernamental del Gobierno de Otto Pérez se desató una explosión de protestas sociales y cívicas exigiendo la renuncia del presidente de la República, su gobierno y los diputados (2). Se trató de una participación multisectorial, urbana y rural (espontánea, diversa, plural y sin liderazgos políticos previos) y ejemplarmente pacífica, que logró la caída y encarcelamiento del entonces presidente Otto Pérez, de la vicepresidenta, Roxana Baldetti y otros miembros prominentes del gobierno.
Pasado el auge del cuestionamiento ciudadano, los sectores dominantes corruptos, articulados durante el gobierno de Otto Pérez, retomaron el poder en las elecciones de 2016 al aliarse con el gobierno del recién electo presidente, Jimmy Morales. Actualmente el bloque dominante conservador y corrupto mantiene su cuota de poder por medio de su alianza con el gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
Los movimientos sociales anticorrupción y pro reformas democráticas no dejaron de manifestarse a lo largo de estos años, logrando picos de protesta y movilización en 2017, 2020 y 2021. Cabe reconocer que la movilización social hizo retroceder algunas medidas gubernamentales, pero no lograron cambios sustantivos en la conducción estatal de los gobiernos desde 2016.
El modelo conservador autoritario y restrictivo de las libertades democráticas se articula, por un lado, en torno a la cooptación gradual, pero sostenida, del Estado guatemalteco para utilizarlo en función de la acumulación particular del bloque dominante (pacto de corruptos en el lenguaje popular) y, por el otro, controlando y reduciendo los espacios de participación cívica, social y política. En este caminar, el cierre de la CICIG en 2019 fue clave porque se terminaron las denuncias, la persecución y encarcelamiento de políticos, empresarios y militares corruptos. Solo quedaba la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, pero esta fue descabezada y desarticulada en 2021.
Desde la lógica del poder, la reducción de espacios cívicos participativos busca garantizar, de manera arbitraria, el ejercicio del poder político autoritario, bajo la forma unipersonal o de un grupo corporativo. Supone el deterioro y reducción de los espacios y mecanismos democráticos, incrementar el control y sometimiento de diversos sectores sociales y políticos. El fin es reducir la capacidad de expresión e incidencia de diversos sectores sociales y restringir derechos fundamentales.
Con el gobierno actual de Alejandro Giammattei, la estrategia restrictiva de espacios cívicos de participación adquiere sus rasgos distintivos. Estrategia de largo plazo. El proceso de restauración conservadora del poder político se inició con el gobierno de Jimmy Morales, continúa con el de Alejandro Giammattei y están creadas las condiciones para que esta alianza siga siendo dominante, a través de un nuevo gobierno, a partir de 2024.
Parte de esta estrategia es consolidar un bloque legislativo mayoritario constituido por diputados corruptos afines al gobierno. Supone restricción de espacios legislativos a la oposición política. Otro paso importante en el camino de la construcción de las alianzas conservadoras y corruptas fue la cooptación de las cortes: Corte Suprema de Justicia, Corte de constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral, con lo cual logran articular a los tres poderes del Estado en la estrategia autoritaria. Uno de los últimos logros del régimen fue la elección de la nueva junta directiva del congreso (octubre 2021) que responde a los mismos intereses conservadores y corruptos que dominaron la junta directiva anterior.
Otro rasgo del actual gobierno es despreciar la búsqueda de entendimientos intersectoriales que permitan una mejor gobernabilidad interna. También la terquedad para no dialogar en espacios neutrales, solo dialogan con sus aliados políticos, económicos y sociales.
Restricción de la libertad de organización, petición y manifestación ciudadana. A partir de un discurso de criminalización de la protesta social, se descalifican y se desacreditan las demandas surgidas desde numerosos segmentos de la sociedad civil. La expresión más concreta de esa actitud hostil fue la aprobación de una nueva Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que permite al Ministerio de Gobernación suprimir ONGs que, según ellos, están en contra del gobierno y el Estado guatemaltecos.
Utilización constante de los estados de excepción. Ya sean generales o focalizados, los estados de excepción municipales o departamentales, son utilizados como una forma de intimidación y control autoritario de territorios determinados, donde el gobierno considere que hay peligros para la gobernabilidad y la seguridad nacional. Este tipo de medidas fue facilitado por las condiciones que en los primeros meses impuso la pandemia, cuando se estableció el toque de queda y límites a las garantías ciudadanas. El caso más reciente es el estado de sitio establecido en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, claramente dirigido a restringir la resistencia de comunidades q’eqchi’s a la explotación minera y para excluir a las comunidades indígenas de la en la consulta sobre la presencia de la empresa extractora de níquel en el lugar.
Utilización de la fuerza pública policial (incluyendo operaciones encubiertas de provocación) para reprimir y desestimular las manifestaciones ciudadanas. Ocurrió durante los hechos del 21 de noviembre de 2020 en la ciudad de Guatemala (quema parcial del Congreso de la República) y otras ciudades, y más recientemente en El Estor, donde los manifestantes fueron obligados a retirarse por el uso de bombas lacrimógenas, y luego la ocupación policial del municipio que sirvió de cobertura para el allanamiento de viviendas y capturas temporales e intimidatorias de líderes comunitarios, así como de comunicadores sociales. Este estado de excepción ha sido ampliado.
Criminalización de la lucha social. Dado el control del Gobierno sobre el Ministerio Público se consolidó la tendencia hacia la persecución penal de líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos; son numerosos los casos de ese tipo en todo el territorio nacional. La estrategia de criminalización busca, en algunos casos, involucrar a los defensores y los líderes sociales en casos presentados como delitos comunes.
Persecución a medios de comunicación. Un ámbito especialmente preocupante es el de la persecución, tanto velada como abierta, a periodistas y medios de comunicación social que resultan incómodos al gobierno por las investigaciones y noticias divulgadas. El caso paradigmático, muy actual, es el del diario el Periódico y su presidente, José Rubén Zamora. Este tipo de persecución incluye el hostigamiento, amenazas y la difamación. Otro caso ha sido contra la agencia noticiosa Prensa Comunitaria en Izabal. Por su parte, subsectores del sector empresarial, aliados a la restauración conservadora, retiraron el pago de anuncios comerciales para asfixiar económicamente a los medios opositores. También se capturaron y encarcelaron, temporales o permanentes, a periodistas comunitarios.
Ataques a defensores de los derechos humanos y del ambiente. Es notoria la actitud hostil y de intimidación contra las defensoras y los defensores de derechos humanos y ambientales por parte del gobierno de Giammattei y de sus aliados dentro del Congreso de la República. Los diputados desataron una serie de ataques en los medios y las redes sociales para desprestigiar al Procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas y de esta manera, retener el presupuesto a la PDH y destituir al Procurador. Afortunadamente, no lo lograron, aunque la tensión continúa. Se dieron capturas a líderes y defensores del medio ambiente y del territorio indígena.
Intimidación a organizaciones cooperantes y embajadas con el objetivo de que no apoyen a las organizaciones sociales que protestan. Supone campañas permanentes de calumnias sobre el financiamiento de la cooperación internacional de manifestaciones callejeras.
Persecución penal y política de jueces, juezas y fiscales que han defendido la independencia judicial y por ser notorios persecutores de la impunidad. Estos son algunos casos relevantes:
- Persecución penal, política y veto a la participación como candidata a la presidencia, en 2019, de la ex fiscal general y jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana.
- Persecución penal y política a la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, cuya juramentación ha sido evadida por la junta directiva del Congreso de la República, desde finales del primer trimestre de 2021.
- Destitución y persecución contra Juan Francisco Sandoval, ex titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en julio de 2021. Varios de sus auxiliares fiscales también se vieron obligados a salir del país, buscando protección internacional. Otros más fueron trasladados a otras funciones dentro del Ministerio Público y son objeto de severos controles institucionales.
- Hostigamiento judicial, mediático y por diversas formas de intimidación (seguimientos, amenazas y otros) contra juezas y jueces que se caracterizaron por su independencia en el ejercicio de sus funciones, que incluyen casos de alto impacto sobre la corrupción, defensa de los derechos humanos y de justicia transicional. Esta es la situación de las juezas Erika Aifán, Yasmín Barrios y los jueces Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul.
En la espiral de la dinámica nacional toda acción gubernamental autoritaria genera una reacción social opositora: resiliencia, resistencia y rebeldía para reclamar sus derechos como incidir sobre las políticas públicas y otras medidas gubernamentales. También el descontento social reclama desarrollar interlocuciones y diálogos con los tomadores de decisiones a nivel gubernamental e intergubernamental; asimismo, el derecho de asociarse, expresarse y poder actuar con libertad en el marco de la ley. [T]
REFERENCIAS:
(1) Se considera como reducción de espacios cívicos de participación todo acto, proceso, política, medidas administrativas, decretos gubernamentales y leyes, orientadas a la cooptación, restricción de derechos de los sectores sociales para participar de manera organizada, activa y propositiva en espacios de esfera pública, en los medios y redes sociales y en manifestaciones públicas pacíficas.
(2) La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue creada el 1 de agosto de 2007 por la Organización de Naciones Unidas, por medio de un acuerdo con el Gobierno de Guatemala, Para más información ver la página web: http://www.cicig.org/index.php?page=mandato